El lunes 31 de marzo el juez Eloy Velasco anunció que continuaría con el caso contra 20 ex oficiales militares salvadoreños acusados de llevar a cabo la masacre de seis sacerdotes Jesuitas, su empleada y su hija en 1989 en la Universidad Centro Americana (UCA) en El Salvado. Todos los oficiales recibieron entrenamiento de la Escuela de las Américas de EE.UU. El anuncio del juez Velasco viene como una respuesta a las recientemente aprobadas restricciones a la doctrina legal de la jurisdicción universal de España implementadas hace un mes. El juez Velasco considera estas nuevas limitaciones “ilógicas” y continúa con el caso, dejando a un lado los cargos de crimen contra la humanidad y siguiendo con el cargo de asesinato terrorista contra los oficiales militares salvadoreños acusados en el caso. El juez sostiene que el caso está todavía bajo la jurisdicción española dado que cinco de las ocho víctimas eran ciudadanos españoles. La ley de jurisdicción universal ha servido como modelo para la ley internacional de derechos humanos desde su aprobación en 1985 y permitió que las cortes españolas persigan crímenes contra la humanidad independiente de dónde fueron cometidos o de la nacionalidad de los perpetradores. El 15 de marzo, bajo presión de gobiernos extranjeros, el conservador Partido Popular (PP), el cual sostiene mayoría legislativa así como la presidencia en España, reformó la ley restringiendo grandemente su alcance. Las reformas requieren engavetar casos de derechos humanos internacionales abiertos, más notablemente varios casos de masacres cometidas por las fuerzas chinas en Tibet, el asesinato del reportero español José Couso por soldados estadounidenses en los primeros días de la guerra en Irak, y el caso de la masacre de los Jesuitas. Estados Unidos ha intentado limitar el uso de la jurisdicción universal en otros países en el pasado, y ha aún rehusado a ratificar su propia membresia a la Corte Criminal Internacional. Mientras tanto, las familias de las víctimas de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos por los militares, ex miembros de fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte durante la guerra civil (1980-1992) en El Salvador continúan su clamor por la justicia. Hasta recientemente, las cortes internacionales habían sido su única esperanza debido a la aprobación en 1993 de una Ley de Amnistía que prohíbe la persecución de estos crímenes a nivel doméstico. Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema de El Salvador aceptó un caso que disputa la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, un caso que está todavía pendiente. Los sobrevivientes y víctimas de estos abusos a los derechos humanos, como también la comunidad de derechos humanos a nivel internacional, esperan ansiosamente el veredicto final. Traducción del inglés al español por Reynaldo Contreras-Valle.