El jueves 22 de agosto, miles de personas pertenecientes a comunidades, organizaciones ambientales, juveniles y del ámbito laboral llenaron las calles de San Salvador para exigir la aprobación de una Ley General del Agua que garantice el derecho de todos los salvadoreños y salvadoreñas al agua y evitar cualquier forma de privatización de este recurso esencial. Un borrador de dicha Ley está siendo ya discutido en la Asamblea Legislativa, donde los partidos de derecha han bloqueado hasta ahora su aprobación con la esperanza de que incluya mecanismos de privatización y concesión de la gestión pública del agua. La manifestación estuvo organizada por el Foro del Agua, una coalición que cuenta con una vasta y diversa membresía entre los movimientos sociales, que participaron intensamente el jueves. Comités comunitarios del agua, sindicalistas de los servicios públicos del agua, organizaciones de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional y una serie de organizaciones sin fines de lucro bloquearon el tráfico en las principales vías de la ciudad , cantando “¡El agua es un derecho! ¡No es mercancía!” La masiva marcha comenzó en el Salvador del Mundo y continuó hacia la Asamblea Legislativa, dando un rodeo por la sede de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), donde los manifestantes se detuvieron a corear: ¡“Aquí están! ¡Ellos son! ¡Los que venden la nación”! Desde el 2006, el movimiento social ha elaborado dos versiones de la propuesta Ley de Aguas, junto con los legisladores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ninguna de las cuales ha conseguido el apoyo necesario para ser aprobada . La versión actual del proyecto de ley fue presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, y se enfrenta a un asalto coordinado. Al mismo tiempo que la derecha lucha por incluir mecanismos de privatización en la legislación de dicho Ministerio, esas mismas fuerzas están presionando para reformar la legislación de privatización conocida como Ley de Asocio Público–Privado (APP), respaldada por los Estados Unidos, a fin de  incluir la administración del agua entre los sectores públicos abiertos a los contratos privados. Tanto el sector privado salvadoreño como el gobierno de EE.UU. tienen interés en liquidar la legislación que impide la privatización, en la medida en que hay cerca de 50 proyectos de agua presentados como parte del fondo de ayuda al desarrollo de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), proyectos que habrán de ser otorgados a empresas privadas. Son los mismos fondos que la Embajadora de EE.UU., Mari Carmen Aponte condiciona a la aprobación previa de la Ley APP.

Frente a estas amenazas, una legislación que garantice la gestión pública del precioso recurso es más importante que nunca. “Necesitamos una ley que promueva el derecho humano al agua y, sobre todo, que evite la privatización de este vital líquido, de modo que la ANEP [la derechista Asociación Nacional de Empresas Privadas] o las transnacionales no nos roben nuestra agua”, dijo Ángel Ibarra de la asociación ecologista sin fines de lucro Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), “El agua debe seguir siendo un bien público”.