En un obvio esfuerzo por calmar la fuerte indignación pública sobre el cierre del 30 de septiembre de la histórica oficina de derechos humanos, Tutela Legal, la Archidiócesis de San Salvador ha convocado una comisión de altos funcionarios de la iglesia católica para abrir una nueva oficina con una misión aparentemente idéntica al de Tutela Legal. Las víctimas y sus aliados, quienes hasta el mes pasado habían estado trabajando con Tutela Legal y sus empleados desde hace años, han rechazado fuertemente esta medida, y buscan una intervención estatal para proteger los archivos de la oficina.

“Después de una amplia consulta hemos constituido la Comisión Especial... esta comisión promoverá  la creación del organismo que tendrá la defensa de los derechos de las víctimas, tanto del conflicto armado, como los casos actuales de violación de derechos humanos", declaró el Arzobispo Escobar Alas el domingo 13 de octubre.

Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Cultura emitió una resolución el lunes 14 de octubre para designar los vastos archivos de Tutela Legal como “patrimonio cultural”, un concepto legal bajo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador. Los sobrevivientes y las organizaciones aliadas habían hecho un llamado para que esta medida pudiera asegurar la integridad y el cuidado de los archivos después del cierre de Tutela Legal; hecho que muchos vieron como una respuesta a la decisión reciente de la Corte Suprema de aceptar una demanda en contra de la controversial Ley de Amnistía de 1993 que ha prevenido el enjuiciamiento de múltiples casos notorios de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la guerra civil y que fueron documentados por Tutela Legal. La preocupación sobre el estado de los archivos ha aumentado ya que el arzobispo ha prohibido cualquier tipo de acceso a los documentos desde el 30 de septiembre, aunque el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha demandado una inspección inmediata de los archivos.

En una declaración publicada el lunes por una coalición de sobrevivientes y grupos de defensa de derechos humanos, los sobrevivientes expresaron la falta de confianza que tienen en las acciones del arzobispo, declarando: “Hemos trabajado durante años de la mano con personal de Tutela Legal… Hemos construido una relación de confianza, no tenemos quejas con respeto al manejo técnico de nuestros casos. Al contrario, hemos constatado siempre un alto grado de compromiso. Por otro lado, hemos sentido también el poco interés y la poca importancia que el actual arzobispo ha dado a este trabajo”. Luego, le hicieron un llamado al arzobispo y a su comisión a que entreguen la documentación de sus casos y el resto de los archivos al Procurador de inmediato, insistiendo que “el Arzobispado no tiene derecho a apropiarse [la documentación] ni dársela a ninguna otra organización sin nuestro consentimiento”.