Más de 80 organizaciones de América Latina, Estados Unidos, y Europa firmaron una declaración en respaldo a las demandas de quienes enfrentan de manera directa las consecuencias del Estado de Excepción en El Salvador, incluyendo a las familias del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), y exhortaron a la comunidad internacional a denunciar las violaciones de derechos humanos en el país. 

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Las organizaciones denunciaron que, desde la implementación del régimen en 2022, las personas capturadas no han tenido acceso a juicios ni audiencias preliminares, limitándose en la gran mayoría de los casos a audiencias de imposición de medidas. Como resultado, la mayoría permanece en prisión preventiva desde hace más de tres años. La prolongación de esta medida ha sido posible gracias a reformas legales y decretos como el Decreto 803, aprobado en julio de 2023, que suspendió por dos años todas las audiencias relacionadas con los casos del régimen, extendiendo automáticamente la prisión preventiva y abriendo la puerta a juicios masivos.

Pese a la creciente represión política en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, grupos como MOVIR y otros continúan su labor de denuncia. Recientemente, MOVIR se movilizó frente a la Asamblea Legislativa para exigir que no se prorrogara el mismo Decreto 803, cuyo vencimiento estaba previsto para el 25 de agosto. Sin embargo, el pasado 15 de agosto, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, aprobó una prórroga por hasta dos años más.

En este contexto, diversas organizaciones incluyendo CEJIL, la Asociación Americana de Juristas, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania, la Oficina de América Latina en Washington (WOLA), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) en EUA, el Comité de Solidaridad con El Salvador en México, Nación Salvadoreña en el Exterior y otras, instaron a acompañar las exigencias de MOVIR, que incluyen la liberación inmediata de todas aquellas personas contra quienes no existan pruebas y la revisión de los casos de manera individualizada en lugar de recurrir a juicios masivos.

Las organizaciones de derechos humanos, religiosas, legales, de defensa de derechos de inmigrantes, y de la diáspora salvadoreña en varias países, entre otros sectores, reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos humanos en El Salvador y subrayaron la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional para respaldar las demandas legítimas de las familias de las personas arrestadas arbitrariamente, desaparecidas o fallecidas en manos del estado.

La alerta se publicó tras la denuncia por parte de MOVIR por un nuevo incidente de intimidación por parte de la Policía Nacional Civil el pasado miércoles 3 de septiembre al dirigirse a una actividad para entregar correspondencia a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos.

Experiencias Transfronterizas de Universitarios Centroamericanos (TECUS), que representa a la población estudiantil organizada centroamericana y de la diáspora en la Universidad Estatal de California, Northridge:
“Como estudiantes universitarios en Los Ángeles, California, con vínculos personales, familiares y ancestrales con Centroamérica y El Salvador, nos impactan profundamente las decepcionantes acciones que presenciamos hoy en El Salvador. Casi 90,000 personas han sido encarceladas sin juicio durante años en condiciones mortales en las cárceles salvadoreñas, y estas reformas prolongan esta inaceptable realidad. Al observar y denunciar el uso de tácticas militarizadas por parte del gobierno federal de Estados Unidos contra las comunidades inmigrantes aquí en Los Ángeles, también observamos y denunciamos al gobierno salvadoreño por ejercer esa misma violencia contra sus propios ciudadanos, y tememos por el futuro de los inmigrantes quienes podrían ser deportados a El Salvador y posiblemente encarcelados sin pruebas ni juicio bajo el regimen de excepcion.”

Vicki Gass, Executive Director of the Latin America Working Group (LAWG):
“La expulsión ilegal de los venezolanos por parte de la administración Trump al gulag CECOT en El Salvador en marzo expuso al mundo las graves violaciones de los derechos humanos que se han ocurrido bajo el gobierno de Bukele desde que el estado de excepción fue declarado hace tres años.  La tortura y la persecución sistemáticas son políticas estatales facilitado por al deterioro del estado de derecho, la independencia judicial y la transparencia gubernamental. Y, con la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en junio, el espacio cívico para los defensores de los derechos humanos, los activistas y los periodistas se está cerrando de golpe. LAWG se solidariza con MOVIR y otras organizaciones que buscan justicia para sus seres queridos que están injustamente encarcelados y se compromete a velar porque el gobierno estadounidense deje de ser cómplice de las violaciones de los derechos humanos del pueblo salvadoreño a través de su apoyo al gobierno.”

Alexis Stoumbelis, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES):
“Saludamos a las familias de las víctimas del Estado de Excepción y a todas las personas y organizaciones que se preparan para marchar valientemente este Día de la Independencia para reivindicar sus derechos y exigir fin de las injusticias del régimen de Bukele. Las acciones de la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa en El Salvador no ocurren en la oscuridad: esta declaración por diversas organizaciones demuestra que en Estados Unidos y en todo el mundo se observa con alarma cómo las personas son encarceladas o se ven obligadas a huir simplemente por exigir respeto a los derechos humanos y cumplimiento con el derecho internacional.”

Jean Stokan, Justice Team Coordinator for Immigration, Sisters of Mercy of the Americas:
“Mientras lamentamos la repentina pérdida del Padre José María Tojeira, nos sentimos también imbuidos de su legado de perseverancia y dedicación para seguir luchando por la justicia. El Padre Tojeira persistió hasta su muerte para visibilizar la verdad de las injusticias cometidas por el estado salvadoreño a través de la historia, mientras el gobierno de Bukele intenta encubrir las atrocidades que se cometen bajo su Estado de Excepción militarizado. Al igual que el Padre Tojeira, debemos ser solidarios y visibilizar la angustia de decenas de miles de salvadoreños que han sufrido un encarcelamiento injusto en el marco de esta supuesta guerra contra las pandillas. Las familias que marcharan con valentía el lunes junto a líderes de movimientos sociales y comunidades organizadas estarán acompañados por no solo por organizaciones de todo el mundo pero también por el espíritu del Padre Tojeira.”