Este 31 de octubre de 2025, el movimiento sindical salvadoreño conmemoró el Día del Sindicalista Salvadoreño y Salvadoreña, una fecha que reivindica la memoria de nueve trabajadoras y trabajadores asesinados en el atentado con bomba contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) en 1989, entre ellos la histórica líder sindical Febe Elizabeth Velásquez.

Al momento de su asesinato, Febe Elizabeth se desempeñaba como secretaria general de FENASTRAS. El ataque se convirtió en una de las agresiones más brutales contra el movimiento obrero salvadoreño y sigue siendo un símbolo de resistencia y memoria.

A 36 años del atentado, las organizaciones sindicales volvieron a marchar, esta vez para denunciar la represión y la persecución sindical bajo el régimen de Nayib Bukele, que ha criminalizado la organización colectiva y despedido a cientos de trabajadores públicos por su afiliación sindical.

El sector sindical del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Mesa Permanente para la Justicia Laboral realizaron concentraciones en el Parque Cuscatlán, denunciando el asedio a los sindicatos, el vaciamiento del sector público y la criminalización de dirigentes obreros.  En su pronunciamiento, representantes del Bloque de Resistencia Popular señalaron que “el movimiento sindical se encuentra perseguido y violentado”.

En un comunicado, el BRP denunció que “En El Salvador se está experimentando un claro retroceso en materia de protección y respeto de derechos laborales y sindicales” y que “existe una estrategia de eliminación de directivas sindicales, con el cierre de instituciones públicas y municipales bajo la figura amañada de supresion de plaza."

Por su parte, La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) llevó a cabo un acto de homenaje donde tambien se leyo un comunicado, exigiendo al gobierno encabezado por Nayib Bukele a respetar la sagrada Libertad Sindical y el derecho de asociacion que han costado la sangre de martires de la clase trabajadora" y denunciaron tambien "los retrocesos en materia de los derechos de las mujeres trabajadoras de todos los sectores."

En En 2024, la CNTS denunció ante la OIT, la CIDH y foros internacionales una campaña sistemática de represión laboral, así como vulneraciones tanto la Constitución como los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT.  Dichas denuncias incluyen al menos 30 casos de violaciones a la libertad sindical, despidos masivos, encarcelamientos arbitrarios y exilios forzados.

Según informes sindicales y medios independientes, entre 2019 y 2025 se registran entre 40,000 y 50,000 despidos, incluyendo más de 500 dirigentes sindicales. Solo en 2025, 17,800 trabajadores han sido removidos, principalmente en el sector público —salud, educación, municipalidades y cultura—, muchos de ellos con fuero sindical.

Aunado a ello, el MOVIR y el BRP han documentado decenas de capturas arbitrarias y muertes de lideres sindicales bajo custodia estatal. Entre los casos emblemáticos figura Silverio Morales, líder indígena y sindical de MUINA/MILPA, cuya familia ha sido víctima de detenciones arbitrarias, incluyendo la recaptura de su hijo Levi Morales en 2024 pese a pruebas de inocencia; el sindicalista José Leonidas Bonilla Torres, de la Alcaldía de Mejicanos, fallecido en el penal de Mariona en 2022 tras ser arrestado bajo acusaciones falsas; y el dirigente Hever Chacón, fallecido en 2024 por falta de atención médica mientras permanecía detenido por participar en una protesta. Otros, como Giovanni Aguirre, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador, y Óscar René Iglesias, líder del oriente del país, permanecen encarcelados sin pruebas bajo cargos fabricados.

También alertan que más de 60 sindicatos han sido disueltos o desarticulados, destruyendo contratos colectivos y vulnerando el derecho constitucional a la organización. En muchos casos, los despidos se justifican bajo el discurso oficial de “restructuración estatal” o “optimización de recursos”, mientras se acentúa la criminalización de las protestas y la censura de la disidencia laboral.

Las organizaciones señalaron que mientras el gobierno impulsa mega proyectos privatizadores como la Red Nacional de Hospitales y la entrega de servicios públicos a manos privadas, se profundiza la precarización laboral, la desigualdad salarial y el control político sobre las instituciones encargadas de proteger los derechos de las y los trabajadores. “Las instituciones laborales —advirtieron— ya no protegen, sino que obedecen”, reflejando el clima de autoritarismo y desmantelamiento institucional que caracteriza esta etapa.

En ese contexto, el movimiento sindical llamó a la unidad, a la movilización y a “levantar juntas las voces por la libertad sindical, la justicia laboral y los derechos del pueblo trabajador”, reivindicando esta conmemoración no como un acto simbólico, sino como una jornada de resistencia y esperanza.