Por segunda vez en menos de un mes, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador suspendió el juicio contra nueve veteranos y excombatientes de la Guerra Civil salvadoreña de la Alianza El Salvador en Paz y el comunicador voluntario Luis Menjívar, prolongando aún más los más de dos años de detención preventiva en un caso ya marcado por graves violaciones al debido proceso. Esta vez, sin embargo, no se ha anunciado una nueva fecha para el juicio.

El juicio estaba programado inicialmente para realizarse del 11 al 14 de agosto, pero el tribunal suspendió la audiencia alegando que problemas técnicos impedían establecer una conexión virtual con el penal La Occidental, en Santa Ana, donde se encuentran recluidos los procesados. La audiencia fue reprogramada para iniciar el 7 de septiembre y continuar durante toda la semana. Sin embargo, a última hora del viernes 5 de septiembre, el tribunal volvió a suspenderla de manera repentina.

Una vez más, el tribunal alegó problemas para establecer una conexión virtual con el centro penitenciario. También habría señalado que algunos de los procesados tenían consultas médicas programadas durante esa semana.

Lourdes Palacios, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), cuestionó que se recurriera nuevamente a problemas técnicos para justificar el retraso del proceso. “Llama la atención que de nuevo no hay conexión virtual. Esa fue la excusa que hubo en agosto y ahora de nuevo no hay conexión virtual. En un país cuyas instituciones públicas se jactan de tener la tecnología más avanzada disponible para otro tipo de actividades, en este caso no han podido hacer funcionar una audiencia virtual”, afirmó.

Palacios también cuestionó por qué el tribunal suspendería un juicio completo debido a que algunos procesados tendrían consultas médicas, en lugar de garantizar su presencia física en el tribunal. “Si así fuera, ¿por qué no se hace la audiencia de manera presencial? Lo más preocupante es que la audiencia se ha retrasado nuevamente y todavía no hay fecha. No hay una fecha prevista para realizar la próxima audiencia”.

Las suspensiones reiteradas han profundizado la preocupación entre familiares y organizaciones de derechos humanos de que estos retrasos puedan estar sirviendo para prolongar el encarcelamiento de los procesados en un caso en el que la Fiscalía aún no ha presentado pruebas contundentes en su contra.

Para la familia de Atilio Montalvo, uno de los veteranos procesados en el caso y uno de los principales negociadores de los Acuerdos de Paz de 1992, los retrasos reiterados plantean la posibilidad de que las autoridades estén utilizando el propio proceso judicial para prolongar el castigo. Actualmente, Atilio Montalvo es el único de los procesados que se encuentra en prisión domiciliar debido a su estado de salud; los otros nueve permanecen encarcelados.

La familia denunció lo que describió como posibles tácticas dilatorias por parte del sistema judicial y penitenciario, y sostuvo que ni la incapacidad para establecer una conexión virtual ni la programación de consultas médicas justifican la suspensión del proceso. Si el sistema penitenciario no puede garantizar una conexión virtual, argumentan, los procesados deberían ser trasladados al tribunal para que la audiencia pueda realizarse de manera presencial.

La familia advirtió que, en un caso en el que las pruebas son débiles, las continuas suspensiones corren el riesgo de convertir la propia detención preventiva en una forma de castigo.

Durante una conferencia de prensa junto a organizaciones que exigen la libertad de los procesados, la hija de Atilio Montalvo denunció que “los medios periodísticos han revelado que la Fiscalía no presentará al testigo de dudosa existencia en cuya denuncia está basada la acusación”. En su lugar, explicó, se prevé que la Fiscalía recurra a policías que participaron en las capturas y a peritos que extrajeron información de dispositivos electrónicos y manipularon o destruyeron supuestos materiales explosivos. Familiares y organizaciones que acompañan a los procesados han expresado serias dudas sobre estos procedimientos, entre ellas la ausencia denunciada de la defensa durante etapas clave del manejo de las pruebas.

Los procesados fueron capturados entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024, tras ser acusados de supuestamente planificar actos de terrorismo en el contexto de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio. Organizaciones salvadoreñas e internacionales de derechos humanos y solidaridad han denunciado las acusaciones como fabricadas y como un intento de criminalizar la organización pacífica y la disidencia política.

Su procesamiento ante un Tribunal contra el Crimen Organizado y ante una jueza anónima, o “sin rostro”, ha generado mayores preocupaciones en un contexto de persecución política generalizada y de una independencia judicial comprometida en El Salvador.

La defensora de derechos humanos Celia Medrano sostuvo que el sistema judicial está siendo utilizado cada vez más contra quienes cuestionan a quienes detentan el poder. “Hay presos políticos en El Salvador, hay presas políticas en El Salvador. Sus familiares piden justicia, pero tal parecería que la justicia está totalmente al servicio de quienes en esta ocasión están de turno y tienen el ejercicio y el control del poder”.

Medrano denunció la falta de respeto a las garantías básicas del debido proceso y el uso de procesos penales contra quienes critican al gobierno. “Ser opositor político, criticar a las estructuras estatales del Estado, implica ser víctima de la instrumentalización de la justicia para represalias de carácter político por quienes controlan el poder”.

Después de más de dos años tras las rejas, los procesados continúan privados de libertad sin haber sido juzgados, sin que se hayan presentado pruebas contundentes en su contra y ahora sin siquiera una fecha para que su caso sea escuchado. Por ello, sus familiares exigen que la audiencia se realice sin más retrasos, que los procesados detenidos sean llevados físicamente ante el tribunal si el Estado no puede garantizar una conexión virtual y que sean absueltos y puestos en libertad ante la falta de pruebas que sustenten las acusaciones.

Las familias y organizaciones también están haciendo un llamado a las embajadas y a la comunidad internacional para que den seguimiento cercano al caso y estén atentas al anuncio de una nueva fecha para la audiencia.