Carta colectiva enviada a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los EE.UU.

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Contacto: Alexis Stoumbelis, Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, 001-978-394-0425

10 de abril, 2014 (Washington, DC) – Ahora que inician las reuniones en el marco de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Panamá, 75 organizaciones de la sociedad civil y grupos de todo el hemisferio enviaron una carta colectiva a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los EE.UU. para expresar su gran preocupación sobre el propuesto Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Puede leerse la carta en inglés aquí, y en español aquí.

Este plan regional fue desarrollado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de Estados Unidos. Aunque se creó presuntamente para abordar el flujo de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, defensores de los derechos humanos, líderes laborales y defensores del medioambiente en toda la región temen que el plan empeorará la pobreza y la violencia.

“Una de nuestras más profundas preocupaciones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad es que perpetúa las mismas políticas económicas que ya han dado paso a una creciente desigualdad”, dijo Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala/USA. “Nos alarman especialmente las propuestas de construcción a gran escala de proyectos de infraestructura y la expansión de las industrias extractivas, las cuales han ocasionado mucho desplazamiento forzoso en toda la región, y que con frecuencia están vinculadas a la violencia contra aquellas comunidades que se organizan para defender sus tierras y sus medios de subsistencia”.

Los firmantes de la carta, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ambientales, laborales, de fe, como también organizaciones en pro de la mujer y otros grupos comunitarios, denunciaron la falta de una consulta democrática de las poblaciones afectadas, sosteniendo que el Plan se había desarrollado “a puerta cerrada”.

Se identificó la militarización de la seguridad pública, asociada a la guerra contra las drogas, como una de las principales causas de la crisis de derechos humanos y de refugiados de las regiones afectadas, por lo cual organizaciones defensoras de derechos humanos y otros activistas cuestionaron la continuación de dichas políticas bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad.

“Uno de los mayores peligros que presenta el actual Plan es la propuesta de militarizar las fronteras de Centroamérica”, dijo Laura Embree-Lowry, Directora de Programas del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). “Esto no solamente amenaza con violar el derecho humano a la libre locomoción, sino que además conlleva la probabilidad de ocasionar aún más abusos de todo tipo contra migrantes y refugiados a lo largo de México y Centroamérica”.

Las organizaciones hicieron un llamado a los cinco presidentes: a que inmediatamente lleven a cabo procesos de consulta participativos y democráticos con la población antes de seguir adelante con el Plan; a que desmilitaricen las fuerzas de seguridad; a que aborden los problemas de impunidad y corrupción; a que investiguen y enjuicien crímenes y abusos cometidos contra los migrantes; y a que mejoren y aceleren los servicios para los refugiados, especialmente los que se encuentran en Estados Unidos.

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