Miembros del congreso estadounidense preocupados sobre crisis constitucional en El Salvador

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Image: Ambassador Michael G. Kozak speaks to House Committee on Foreign Affairs about Trump Administration Response to COVID19 in Latin America and the Caribbean. (Screenshot from hearing)

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sostuvo una audiencia el 1 de julio para analizar la respuesta de la Administración de Trump a la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Durante la audiencia, varios representantes demócratas expresaron preocupación por la crisis constitucional en El Salvador y por el silencio que ha sostenido la Administración Trump en torno a la toma de poder por parte de la administración Bukele y otros en la region, como Jair Bolsonaro en Brasil.

Desde la toma militar del Presidente Bukele en la Asamblea Legislativa en febrero, organizaciones internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han alzado alarma sobre la creciente indiferencia del presidente a la democrácia y la separación de poderes en el país. Estas preocupaciones solo se han vuelto más urgentes durante toda la pandemia de COVID-19, luego que medidas de cuarentena resultaran en mayor militarizacion y detenciones arbitrarias, consideradas inconstitucionales por la Corte Suprema del país. A fines de abril, dos destacados miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara también enviaron una carta a la administración Bukele exigiendo respeto a normas democráticas establecidas y derechos humanos.

Por parte de la Administración Trump durante la audiencia estuvieron presentes Michael G. Kozak, Subsecretario Interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Josh Hodges, Subadministrador Adjunto de la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según Kozak y Hodges, la respuesta de la Administración Trump a la pandemia en el hemisferio occidental incluye, asistencia humanitaria a más de 26 países utilizando fondos del Departamento de Estado y de USAID y la entrega de 950 ventiladores a Brasil, Honduras, El Salvador, Colombia y Perú, 500 de estos han sido entregados a El Salvador.

También promocionaron el apoyo de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos, en gestionar préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para hacerle frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, el movimiento social y sindical en El Salvador han sonando la alarma sobre prácticas predatorias de instituticiones internacionales financieras, denunciando en particular recortes al gasto publico y social, la privatización de instituciones publicas y otras medidas y condiciones de austeridad requeridas para pagar altos préstamos internacionales. Hasta el momento, la administración de Bukele ha asegurado $389 millones en prestamos del FMI, $20 millones del BM, $15.4 millones del BID con mas financiación en camino.

Durante la audiencia, Joaquín Castro (Demócrata de Texas) expresó su preocupación por la difusión de información errónea y posiciones autoritarias por parte de varios gobiernos latinoamericanos durante la pandemia. "Por ejemplo, el gobierno de El Salvador ha detenido ciudadanos por [supuestamente] violar las órdenes de quedarse en casa y obligarlos a permanecer en centros de cuarentena," dijo. "Por otro lado, el Presidente Bolsonaro de Brasil continúa minimizando las estadísticas y los peligros del virus poniendo en peligro a brasileños." En este punto, Kozak respondió que la administración de Trump "trató de ser un poco cautelosa al decirles a otros países cómo enfrentar la pandemia."

Siguiendo una línea similar de preguntas, Dean Phillips (Demócrata de Minnesota) le preguntó a Kozak sobre el silencio de la administración Trump en torno al autoritarismo en El Salvador. "Si bien la administración Trump se ha pronunciado [sobre] las respuestas de salud pública en Venezuela y Nicaragua, realmente se ha mantenido en silencio sobre la toma de poder en El Salvador y Bolivia," afirmó. "¿Cree usted que la inconsistencia del Departamento de Estado en recriminar a estos gobiernos socava nuestro interés al alimentar la percepción (al menos) de que nuestras críticas por motivos de derechos humanos se basan en ideología más que en principios democráticos?"

Como era de esperar, la respuesta de Kozak a la pregunta hizo eco a declaraciones anteriores sobre el "encubrimiento sistemático" de datos de salud en Venezuela y Nicaragua, pero describió la crisis constitucional en El Salvador como un "debate político sólido," a pesar de que la Cámara Constitucional de El Salvador ha dictaminado decisivamente que el Presidente (y la Asamblea Legislativa) no pueden hacer cumplir una cuarentena estricta que restringe los derechos humanos de las personas.

Las preocupaciones desde el congresso sobre el abuso de poder de Bukele también se han reflejado en los votos recientes para restringir fondos de seguridad para El Salvador. El 9 de julio, durante su votación sobre el financiamiento de las operaciones estatales y extranjeras del Departamento de estado para el año fiscal 2021, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes optó por retener el financiamiento militar extranjero para Guatemala, Honduras y El Salvador. Este fondo proporciona recursos a gobiernos extranjeros para comprar equipo de de grado militar y policial. Si bien, dichos fondos para Guatemala y Honduras habían sido retenidos anteriormente, esta decisión representa una reducción significativa en asistencia a El Salvador claramente debido a las crecientes preocupaciones sobre las tendencias autoritarias de la administración Bukele.

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