Despues de casi tres años en prisión preventiva, el ex ministro de Seguridad Pública y Justicia Mauricio Landaverde y el ex inspector general de prisiones Ramón Roque están en libertad.

Washington, D.C. - El 25 de octubre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictaminó que el ex ministro de seguridad y justicia Mauricio Landaverde, el ex inspector general de centros penales Ramón Roque y otros 17 ex funcionarios y empleados del gobierno son inocentes de todos los cargos de malversación, soborno y falsedad presentados contra ellos por la Fiscalía General.

Landaverde y Roque permanecieron en prisión preventiva durante casi tres años, superando el límite legal, después de que el Estado hiciera caso omiso de múltiples órdenes judiciales de excarcelación. Las organizaciones de derechos humanos de El Salvador expresaron su preocupación por las motivaciones políticas del caso y denunciaron múltiples violaciones al debido proceso.

En respuesta a la sentencia, el Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), que ha abogado por su liberación, declaró lo siguiente en su comunicado: «No cabe duda de que hoy prevaleció la dignidad, la inocencia... y la lucha organizada».

El caso comenzó en 2019, cuando el recién elegido presidente Nayib Bukele y su Director de Prisiones, Osiris Luna, acusaron públicamente a Landaverde de malversar 14 millones de dólares de la Asociación ASOCAMBIO («Yo Cambio»), que se había creado para gestionar fondos de centros penales. Las investigaciones del fiscal general Raúl Melara no descubrieron ningún delito, y en vez, apuntaron a la posible corrupción de Osiris Luna. El caso se estancó hasta que los legisladores de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, nombraron ilegalmente a Rodolfo Delgado como nuevo Fiscal General en 2021, quien presentó cargos formales alegando la malversación de 400.000 dólares.

Sin embargo, cuando finalmente comenzó el juicio a vista pública en agosto de 2024, los propios testigos de la fiscalía declararon que Landaverde y los otros funcionarios acusados nunca tuvieron acceso a los fondos de ASOCAMBIO. Del mismo modo, no hubo pruebas de transferencias de las cuentas de la prisión a las de Landaverde, Roque o los otros acusados. Por estas razones, COFAPPES había expresado su optimismo por una «exoneración absoluta» antes del veredicto de hoy.

El fallo, sin embargo, no fue absoluto. Aunque la mayoría de los acusados fueron absueltos de todos los cargos, y algunos incluso recibieron una disculpa del tribunal por su calvario, siete, entre ellos Landaverde y Roque, fueron condenados por faltas administrativas centradas en la compra de tres vehículos y el alquiler de dos propiedades que siguen en poder del sistema penitenciario. Para Landaverde y Roque, las sentencias equivalen a «tiempo cumplido» más tres meses de trabajos comunitarios.

En declaraciones a los periodistas tras conocerse la sentencia, Landaverde explicó que, a pesar de que en el juicio quedó claro que los fondos en cuestión se gestionaron conforme a la ley, el tribunal se sintió presionado para dictar un veredicto de culpabilidad con el fin de justificar sus casi tres años de prisión. Landaverde declaró además a los periodistas: «Estoy satisfecho en el sentido de que he recuperado mi libertad y ha quedado claro que no hubo actos ilegales ni irregularidades en el uso de los recursos por parte de ASOCAMBIO durante este periodo. [La] condena por el delito de falta administrativa... se da en el marco de las presiones recibidas por este tribunal. Es una victoria, teniendo en cuenta lo que he enfrentado, pero está claro que el fallo que emitieron no es independiente.»

Declaración del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador:

«Elogiamos el trabajo incansable y valiente del Comité de Familiares de Presos Políticos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), de las familias de los acusados y de los propios acusados para que prevaleciera la verdad en este caso. El resultado confirma lo que los acusados habían dicho desde el principio: que eran víctimas de una campaña de desprestigio político y de un intento del régimen de Bukele de desviar la atención de la opinión pública de las revelaciones de graves casos de corrupción en su seno.

«Desgraciadamente, no son los únicos. Las detenciones por motivos políticos se han disparado bajo el régimen de Bukele y del fiscal general Delgado, y se han cebado desproporcionadamente con activistas y líderes comunitarios de la oposición de izquierda. Al igual que Landaverde, que desarrolló enfermedades crónicas durante su prolongada detención preventiva, otros dirigentes históricos del FMLN languidecen actualmente en prisión, a pesar de los graves riesgos para su salud y de órdenes de excarcelación.

«Este caso debería mostrar al mundo de una vez por todas que el régimen de Bukele intenta manipular el sistema judicial con fines políticos y para enterrar la verdad. También muestra con qué facilidad se puede encarcelar a ciudadanos salvadoreños durante años y años sin pruebas. Esto ha ocurrido a escala masiva bajo el regimen de excepción, que sigue vigente en violación de la Constitución. Hacemos eco a la exigencia de las organizaciones de derechos humanos de El Salvador para que se ponga en libertad de inmediato a las personas que han sido detenidas arbitrariamente, especialmente a aquellas para las que un juez ya ha dictado órdenes de libertad y que, sin embargo, siguen tras las rejas. Sus vidas corren peligro».

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Contacto de prensa:

Alexis Stoumbelis, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), [email protected] +1 (202) 521-2510 ext. 205