Amenazas derechistas obligan a expresidente buscar protección internacional

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Este articulo escrito por Laura Embree-Lowry la Directora de Programa de CISPES fue originalmente publicado en NACLA.org el 22/9/16.

En medio de acusaciones de corrupción y ataques mediáticos, Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009-2014, recibe asilo político en Nicaragua. 

El pasado 6 de septiembre, al expresidente de El Salvador Mauricio Funes se le concedió asilo político en Nicaragua, donde ha estado viviendo y trabajando como consultor privado los últimos tres meses. Funes, que fue presidente desde 2009 hasta 2014, afirmó haber recibido amenazas de muerte y "tengo fundadas razones que me llevan a pensar que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar contra mi integridad física.” El Gobierno de Nicaragua le concedió asilo político basado en sospechas creíbles que“la vida e integridad física y la de su familia por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política.”

En un comunicado dado a conocer a través de los medios sociales, Funes respondió a las acusaciones de que el está huyendo de El Salvador para evitar su procesamiento por un caso de supuesta corrupción. Afirmó “Con el asilo político solicitado ante la autoridades nicaragüenses no busco evadir la justicia salvadoreña y menos significa que estoy renunciando a mi defensa en las instancias correspondientes,” escribió. “Estoy convencido de que puedo demostrar mi inocencia”.

La ley salvadoreña establece que los funcionarios públicos y sus familias deben presentar declaración de bienes en el momento de la toma de posesión del cargo, así como al abandonar el mismo, y es la Sección de Probidad de la Corte Suprema la encargada de estudiarlas. Si la Corte descubre cualquieras bienes o ingresos injustificados,resultado potencial de enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema decide emitir una orden para que un tribunal civil se haga cargo del caso. La Sección de Probidad localizó 70.000 dólares en activos que, según afirma, no pueden justificarse por los ingresos declarados de Funes; mediante una votación de 9-6 la Corte decidió la apertura de un proceso civil. Funes sostiene que la investigación fue arbitraria y mal manejada, y que puede justificar todos sus bienes. También afirma que la Corte Suprema le privó del derecho a una audiencia y nunca le permitió defenderse.

El procedimiento mediante el cual los funcionarios públicos declaran sus bienes ha sido más o menos el mismo desde 1959. Sin embargo, Funes es el primer expresidente contra el que la Sección de Probidad ha iniciado un proceso, a pesar de que las declaraciones de bienes de sus cuatro predecesores más recientes –del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca– registraban incrementos mucho mayores que los de Funes. De hecho, los activos totales de Funes en realidad disminuyeron durante su período de gobierno. Desde entonces, la Corte Suprema ha instado también a un Tribunal Civil a que inicie un procedimiento por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Saca, quien fue expulsado del partido ARENA en 2009. 

Después de que la Corte Civil se hiciera cargo del caso legal de Funes, el nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, quien asumió el cargo en enero de 2016, inició una investigación penal adicional. Meléndez ha recibido fuertes críticas por el manejo de la investigación de un modo que parecía diseñado para alimentar una cobertura de prensa sensacionalista. Por ejemplo, la Oficina del Procurador General publicó actualizaciones en tiempo real en Twitter durante una serie de investigaciones de propiedades vinculadas con Funes y su familia, publicando fotos de los artículos que se encontraron en dichas propiedades, incluyendo un acuario y un cochecito de niños de alto precio.

Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa y miembro del partido gobernante Frente Nacional de Liberación Farabundo Martí (FMLN), acusó al fiscal general de no llevar a cabo una investigación seria, debido al “show mediático”que Meléndez genera “se hace para matar públicamente y mediáticamente a una persona y después poderla capturar y condenar, aunque no haya pruebas,”afirmó Peña en una entrevista de televisión

La diputada del FMLN pasó a comparar el tratamiento de Funes por parte de la Oficina del Procurador General con el tratamiento del magistrado de la Corte Suprema y donante de ARENA Belarmino Jaime, que actualmente está siendo investigado por una evasión fiscal de seis millones de dólares: “[el Fiscal General] ni se le ha ido a enseñar la cocina del magistrado Jaime, ni le han quitado el carro, ni le han sacado el triciclo de los nietos, ni los pantalones de él ni de la señora”, dijo Peña en la misma entrevista. 

De hecho, son las medidas de transparencia implementadas por el gobierno de Funes y el actual del FMLN de Salvador Sánchez Cerén,destinadas a aumentar el control ciudadano del Gobierno, las que ahora proporcionan un acceso sin precedentes a la información pública, que los medios de comunicación conservadores de El Salvador no ha dudado en manipular. En los últimos meses, muchos funcionarios del FMLN han sido sometidos a “juicios mediáticos”, en los que la prensa ha tratado de convencer al público de su corrupción,aun en ausencia de condena o, en algunos casos, incluso de cargos formales. 

Funes todavía no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Pero la campaña del Procurador General Meléndez contra él ha sido tan encarnizada, que el 9 de septiembre tuvo que aclarar a los medios que no se ha emitido ninguna orden de detención contra Funes. El 11 de septiembre, un tribunal civil inició un procedimiento para determinar si hay pruebas suficientes para proceder con cargos formales y una investigación completa.

Es preocupante que el Fiscal General haya elegido no considerarlos cientos de casos de corrupción por parte de funcionarios de los gobiernos de ARENA, por un total de más de 37 millones de dólares, que los miembros del gobierno de Funes desenterró  cuando tomó posesión del cargo en 2009. Meléndez tampoco ha retomado las investigaciones sobre el caso de malversación y blanqueo de capitales del expresidente de ARENA ahora fallecido Francisco Flores (1999-2004) en el que están implicados muchos dirigentes de ARENA y legisladores actuales.

El director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita Rodolfo Cardenal, escribió que los miembros del partido ARENA y ahora el Ministerio Público estaban buscando “venganza” contra Funes, cuya victoria de 2009 con el FMLN puso fin a 20 años consecutivos de presidencias de ARENA caracterizadas por una corrupción rampante. De acuerdo con el editorial de Cardenal: “Más aún, la misma Fiscalía con frecuencia aparece más vengativa que apegada a derecho. Ciertamente, no da a todos el mismo tratamiento. Humillar e infligir sufrimiento no repara el derecho vulnerado, sino que genera más violencia, más humillación y más sufrimiento, los cuales, a su vez, reclaman otra venganza.”

Los medios internacionales y salvadoreños han pintado la decisión de Funes de buscar asilo en Nicaragua como un intento de escapar de la justicia. Funes ha rechazado la idea de que sea un fugitivo dado que no hay órdenes de captura contra él y su defensa ha presentado pruebas que lo absuelven en el procedimiento recién iniciado. Se espera un fallo en noviembre sobre si hay suficientes indicios para proceder con cargos penales.

Es difícil predecir cómo van a evolucionar las cosas en el futuro, pero si el Fiscal General emite una orden de detención, Funes podría entregarse voluntariamente. Si no lo hace, el Fiscal General podría solicitar su extradición, lo que crearía una situación político-diplomática difícil para el gobierno de Sánchez Cerén.

No es ningún secreto que atacar al FMLN por presunta corrupción ha sido una estrategia continua de la derecha salvadoreña con el fin de sembrar el descontento y la desestabilización, con la esperanza de volver a tomar el poder. Las actitudes  adoptadas por las dos más recientes embajadoras de Estados Unidos en El Salvador, que con frecuencia aplaudenla sesgada aplicación de la Corte Suprema de los procedimientos de lucha contra la corrupción y alaban al Procurador General por sus politizadas y sensacionalistas investigaciones, plantean la cuestión de si el gobierno de Estados Unidos realmente quiere apoyar la luchar contra la corrupción en El Salvador o, por el contrario, opta por contribuir a la campaña de desestabilización de la derecha.

Laura Embree-Lowry vive en Washington DC donde trabaja como Director de Programa del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). Graduada del Instituto de Comunicaciones de la Universidad de Boston, ella vivió en El Salvador por seis años trabajando con movimientos sociales y escribiendo sobre la política de El Salvador.

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