Oficialismo Continúa con Estrategia de Criminalización contra Organizaciones Sociales y Universidades Salvadoreñas

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Han transcurrido 9 meses desde que la Asamblea Legislativa de El Salvador instaló la Comisión Especial para investigar el destino de los fondos otorgados por el gobierno a oenegés, para supuestamente investigar indicios de corrupción en pasadas legislaturas, particularmente las presididas por el FMLN. Sin embargo, su concepción se vió rápidamente desnaturalizada por tratarse más de un “show político” que de un esfuerzo genuino a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

La Comisión, integrada en su mayoría por diputados de la bancada oficialista y sus aliados, se ha encargado de reproducir una retórica acusatoria sin fundamento claro, al dar entender que los citatorios pretenden esclarecer  el “mecanismo perverso” que tenía la Comisión de Hacienda para otorgar fondos públicos a oenegés, a las cuales acusaron de servir como “fachada” para desviar dineros públicos para fines personales o político partidarios.

De esa manera, han sido llamados a comparecer exdiputadas y exdiputados del FMLN que, antes de ejercer como legisladores, fueron miembros de organizaciones sociales de diversa índole, como Emma Julia Fabián  de Mujeres Tecleñas; Lorena Peña fundadora de Las Mélidas; y Eugenio Chicas y Schafik Handal, fundadores de FUNDASPAD.

Las entrevistas a cada una de estas personas estuvieron marcadas por acusaciones y exabruptos; tal es el caso del interrogatorio realizado a la expresidenta del congreso por el FMLN, Lorena Peña, el cual tuvo una duración de más de cinco horas, durante las cuales fue objeto de acusaciones infundadas, amenazas de desacato y expresiones de violencia verbal, por parte del diputado oficialista Caleb Navarro.  De acuerdo con Peña, el interrogatorio llegó “al límite de la tortura”, además de que los diputados fueron “misóginos, violentos y pueden ser acusados de maltrato”, señaló.

Todas las audiencias de la comisión han tenido un tono similar al utilizado contra la exdiputada Peña, esto pese a que todas las personas comparecientes han podido refutar con argumentos sólidos la existencia de un “mecanismo perverso” de manejo de fondos públicos, al que hace alusión la bancada oficialista.

El artículo 131, inciso 11, de la Constitución de la República, el cual establece que corresponde a la Asamblea Legislativa “Decretar, de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios”; del mismo modo, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la cual regula la gestión financiera del sector público, establece que toda organización que reciba subsidios o subvenciones estatales está sujeta a dicha normativa.

En ese sentido, al sancionar la Ley General del Presupuesto 2021, el gobierno del presidente Nayib Bukele aprobó la consignación de $17.1 millones de fondos públicos a un amplio grupo de oenegés de diversa índole.

Del mismo modo, en legislaturas anteriores, los fondos destinados a las oenegés citadas a las audiencias fueron ampliamente discutidos en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y sus asignaciones quedaban aprobadas cuando el pleno votaba el proyecto presupuestario para cada año. Además, tales fondos eran entregados por el Ministerio de Hacienda y debían ser, por ley, fiscalizados por la Corte de Cuentas.

Asimismo, las solicitudes de fondos presentadas por estas entidades sin fines de lucro a la Asamblea eran para la ejecución de proyectos sociales en áreas como alfabetización, prevención de violencia contra la mujer, derechos de la niñez, atención en salud, protección del medioambiente, entre otros, y no para el pago de militantes, como dejaba entrever la acusación de los diputados oficialistas.

Recientemente la comisión convocó al rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, quien fue cuestionado por la recepción de fondos para proyectos educativos por un monto de $30 millones, los cuales fueron ejecutados por la universidad en conjunto con el gobierno en un periodo de nueve años.

Lo anterior evidencia un manifiesto interés de parte del oficialismo de criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales y el uso de fondos públicos, ejecutados por oenegés progresistas u organizaciones críticas a la actual gestión, en proyectos realizados en coordinación y bajo supervisión de diversos ministerios u otras instancias gubernamentales.

Así lo explica el Vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, quien asegura que “el objetivo (de la comisión) no es aclarar o tener rendición de cuentas sino dejar desacreditadas a esas organizaciones ante la gente, hacerlas parecer corruptas o que robaron dinero”. “El criterio para llamar es que sean opositores al gobierno y no buscan realmente investigar lo que dicen, hablan para su gente para destruir la oposición que va quedando”, sostiene.

Serrano señala que la UCA incluso ha sido tema de cadenas nacionales del presidente, “están buscando por todos los medios para dañar a la universidad y creemos que después de esta comparecencia, no van a desistir, al contrario, están más enojados por la reacción que tuvo la gente, especialmente a través de redes sociales. Nos hemos enterado de casos que han querido armar a nivel legal y no han podido, y encontraron como caballito de batalla los convenios que la universidad implementó en los gobiernos anteriores”, relata.

A estas audiencias se suma la serie de allanamientos simultáneos, por supuesto delito de peculado, realizados en noviembre a las oenegés mencionadas en la comisión, como la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), entre otras. 

Sin embargo, tras estas inspecciones arbitrarias, no se comprobaron ilícitos con respecto a los fondos otorgados a estas organizaciones, los cuales fueron auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR), comprobando que fueron ejecutados según sus fines y objetivos.  Por el contrario, se evidenció la larga trayectoria de trabajo de estas organizaciones y la relevancia de sus intervenciones en poblaciones que no son abarcadas por el Estado.

Por otra parte, cabe destacar que los allanamientos se dieron en el marco de un intento del partido del gobierno de aprobar un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros con el objetivo de restringir la cooperación internacional, controlar el trabajo de las ONG y censurar a medios críticos que reciben fondos del exterior.

Mientras continúa el acoso y persecución contra representantes de organizaciones sociales y populares, el gobierno impulsa reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que promueven la opacidad de la gestión pública, a la vez que han creado normativas como la conocida popularmente como “Ley Alabí”, que oculta deliberadamente el manejo de los fondos públicos en la pandemia de COVID-19 y obstaculiza la investigación de funcionarios públicos del actual gobierno señalados por posibles casos de corrupción.

De acuerdo con Serrano, actualmente “uno de los retos más grandes es desarticular la narrativa (gubernamental) fundada en la mentira”, ya que ”ningún gobierno que desmonte la división de poderes, que coopta toda la institucionalidad pública para que responda a las decisiones del Ejecutivo, que oculta toda la información de los gastos del uso de recursos, puede tener credibilidad”.

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