El juicio contra nueve veteranos de la Guerra Civil salvadoreña y un voluntario de comunicaciones de la Alianza El Salvador en Paz, programado para iniciar el 11 de agosto, fue aplazado hasta el 7–10 de septiembre, prolongando aún más los más de dos años de detención provisional en un caso que ya ha estado marcado por graves violaciones al debido proceso.

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado suspendió la audiencia tras afirmar que problemas técnicos impidieron establecer una conexión virtual con el penal La Occidental, en Santa Ana, donde se encuentran recluidos los acusados. La falla impidió que los acusados comparecieran ante el tribunal y que sus abogados pudieran comunicarse con ellos, verificar sus condiciones de salud o solicitar una revisión de la continuidad de su detención.

Después de más de dos años de prisión política, el aplazamiento resulta especialmente alarmante ante el deterioro de la salud de varios de los acusados y la atención médica inadecuada que han recibido mientras se encuentran bajo custodia del Estado.

Lourdes Palacios, vocera del Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos de El Salvador (COFAPPES), denunció la decisión del tribunal: “Es irresponsable que el tribunal esté retrasando el caso. Tenemos que considerar que los compañeros encarcelados en Santa Ana se encuentran en condiciones delicadas de salud. Pepe [José Santos Melara] tiene diabetes y Luis Menjívar tiene un carcinoma, lo que pone en riesgo su integridad física. Y el hecho de que no exista una determinación sobre su inocencia mantiene a sus familias en un estado de incertidumbre”.

Atilio Montalvo, uno de los principales negociadores de los Acuerdos de Paz de 1992, se presentó al tribunal en silla de ruedas. Debido a su grave condición de salud, Montalvo es el único de los acusados que actualmente enfrenta el proceso fuera de prisión.

Los acusados fueron detenidos entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024, tras ser acusados de supuestamente planificar actos de terrorismo en el contexto de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el 1 de junio. Organizaciones salvadoreñas e internacionales de derechos humanos y solidaridad han denunciado las acusaciones como falsas y como un intento de criminalizar la organización pacífica y la disidencia política.

Su procesamiento ante un Tribunal contra el Crimen Organizado y un juez anónimo, o “sin rostro”, resulta particularmente preocupante en un contexto de persecución política generalizada y serios cuestionamientos sobre la independencia judicial en El Salvador. Ahora, la inexplicada incapacidad de los sistemas penitenciario y judicial salvadoreños para garantizar la participación de los acusados en su propio juicio ha resultado en una nueva prolongación de su encarcelamiento.