El lunes 30 de septiembre, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alias ​​cerró las oficinas en la Arquidiócesis de Tutela Legal, la defensora histórica de derechos humanos que ha servido de plataforma para la investigación y denuncia de actos brutales de violencia estatal durante y después de la guerra civil en El Salvador. Los empleados de la institución pionera llegaron a trabajar el lunes y encontraron la institución cerrada; se les informó de su despido, se les canceló la indemnización y luego se les informó que podían irse. Según los trabajadores despedidos, el Arzobispo afirmó que la institución ya no era necesaria. En tanto que el Arzobispo se niega a justificar sus acciones, aumentan los temores de que la medida anunciada es una respuesta a la reciente decisión de la Corte Suprema el 20 de septiembre de dar audiencia a un caso que cuestiona la controversial Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador. Alejandro Lenin Díaz Gómez, un exempleado de la Oficina de Tutela Legal, dijo a periodistas que "no descarto que el hecho pudiese estar vinculado a la reciente coyuntura de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de admitir la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía", como una forma de evitar la entrega de la vastos archivos de la oficina con documentación y evidencia de crímenes de guerra. El caso, presentado por los dirigentes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la organización legal progresiva FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), y la organización feminista Cemujer, plantea que existe un conflicto entre la ley y el mandato constitucional del país de defender los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con preferencia sobre las leyes internas. (Lea más aquí) El martes, David Morales,  el Procurador Nacional de los Derechos Humanos, pidió al arzobispo que "preservar(a) el archivo histórico de Tutela Legal; e igualmente conservar(a) el acompañamiento que están dando a las víctimas..." El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, también expresó su preocupación, diciendo: "Me preocupa el mensaje que está enviando la iglesia católica." Señaló el trabajo vital de Tutela Legal al asumir la investigación de " muchos delitos que el Estado, en aquellas épocas, no se atrevía a investigar". La oficina precursora de Tutela Legal, Socorro Jurídico, fue fundada en 1977 por el arzobispo Oscar Romero, quien fue asesinado más tarde en 1980, semanas después de la masacre del 28 de febrero en las escalinatas de la Catedral Nacional. La oficina ha reunido pruebas de más de 50.000 violaciones de derechos humanos y desempeñó un papel clave en la recolección de testimonios de Rufina Amaya, sobreviviente de la tristemente célebre masacre de El Mozote en 1981. Tutela Legal ha continuado documentando violaciones de los derechos humanos recientes en El Salvador, incluyendo informes muy preocupantes sobre la participación de la policía en asesinatos por motivos políticos. Para análisis adicional, por favor consulte los mensajes del Centro para la Democracia en las Américas, Centro para la Justicia en las Américas, y los de la Fundación SHARE.