Siete liderazgos comunitarios de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, enfrentaron una audiencia judicial el 29 de noviembre por cargos de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo. Las personas imputadas se han manifestado públicamente en contra de un proyecto urbanístico que pondría en riesgo el abastecimiento de agua de las comunidades de la zona.

Al cierre de la audiencia, el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán resolvió que los cuatro imputados que se presentaron voluntariamente continúen el proceso en libertad, mientras que los tres imputados capturados por la Policía Nacional Civil deberán permanecer en prisión hasta la fase de instrucción. Jorge Zúniga, David Escalante y Rosa Cinco, fueron detenidos en la madrugada del 25 de noviembre durante un operativo policial orientado a capturar a diez referentes comunitarios.

Al respecto, el abogado defensor, Ricardo Martínez, explicó que “lo que corresponde es la apelación de la detención”, ya que no consideran que no se ha constituido delito y que las jefaturas de la fiscalías “han presionado a la gente” y “se han comportado como abogados corporativos”. En tanto, decenas de habitantes de las comunidades de La Labor se hicieron presentes a la sede judicial para exigir la liberación de sus representantes.

Durante el último año, los pobladores de la Hacienda La Labor han realizado diversas acciones en contra de un proyecto urbanístico de la empresa Fenix S.A. de C.V. que tiene proyectada la construcción de 1,500 viviendas, afectando alrededor de 40 manzanas de área protegida y poniendo en riesgo la reserva hídrica de la zona, de la cual se abastecen aproximadamente 10 mil familias.

En ese sentido, Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó que la empresa Fenix S.A. de C.V. “también es la responsable de la destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco y de la contaminación del Río Ceniza en Sonsonate”. Por décadas, los movimientos ambientalistas salvadoreños han luchado contra megaproyectos extraccionistas, como la urbanización Valle El Ángel, ampliamente denunciado debido al riesgo que representa para el medio ambiente y las poblaciones de la zona.

González también señaló que este hecho es preocupante porque pone en evidencia como desde el Estado “se mantiene esta actitud de criminalización de los líderes y liderezas ambientales”, priorizando el actuar de las empresas sobre la defensa de los bienes ambientales. “No había justificación para que estos compañeros quedaran presos y, sin embargo, quedaron en detención provisional”, agregó.

Las Juntas de Agua son organizaciones integradas por vecinos residentes en las comunidades para administrar sistemas de agua potable autogestionados. Organizaciones ambientalistas han denunciado que el nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos promovido por el gobierno niega el reconocimiento y aumenta las tarifas a estos sistemas comunitarios.