Washington, DC | Durante las dos primeras semanas de su presidencia, Donald Trump desató una ola de órdenes ejecutivas y políticas destinadas a criminalizar y convertir en chivos expiatorios a los migrantes. A estas acciones se han sumado los esfuerzos de la política exterior para externalizar las mortíferas políticas de detención y fronterizas de Estados Unidos. Mientras que otros líderes de América Latina han denunciado los ataques de Trump contra sus ciudadanos, el presidente autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, está posicionando al país como el principal socio de Estados Unidos en la campaña de criminalización de Trump. Bukele permanece en el cargo violando la Constitución salvadoreña, que prohíbe los mandatos consecutivos.

Tras una conversación telefónica con Trump el 23 de enero y una visita del Secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, el 3 de febrero, Estados Unidos ha alcanzado «múltiples acuerdos» con Bukele, quien, según el Departamento de Estado, «prometió aceptar y encarcelar a inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero también a inmigrantes ilegales criminales de cualquier país.»

Además, el Departamento de Estado informa que «Bukele se ofreció a alojar en sus cárceles a delincuentes estadounidenses peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales», haciéndose eco de una idea que Trump lanzó en enero.

El abogado de la ACLU Lee Gelernt explicó a NPR que existen salvaguardas del Congreso en relación a la deportación de los no ciudadanos que requieren de un acuerdo con un tercer país y garantías para su seguridad, mientras que deportar a ciudadanos estadounidenses es un « punto muerto.»

Durante la primera administración Trump, Estados Unidos negoció un «acuerdo de cooperación de asilo» de este tipo con El Salvador en 2019, aunque nunca entró en vigor, así como con Honduras y Guatemala. El acuerdo con El Salvador habría permitido a Estados Unidos enviar a solicitantes de asilo no salvadoreños a El Salvador y obligarlos a solicitar asilo allí. Grupos jurídicos, de derechos humanos y religiosos condenaron ampliamente esta política alegando que El Salvador, Honduras y Guatemala no eran seguros para los solicitantes de asilo e incumplirían las obligaciones de Estados Unidos en materia de protección de asilo. La administración Biden puso fin a los acuerdos en 2021.

La nueva propuesta sobre la mesa, sin embargo, parece eliminar por completo cualquier pretensión de protección de asilo. En su lugar, Estados Unidos propone algo totalmente nuevo y aterrador: externalizar el encarcelamiento de cualquier inmigrante que pueda considerar «violento» o «criminal».

Expertos salvadoreños en derechos humanos, junto con la única funcionaria progresista electa en El Salvador, respondieron a los anuncios para lamentar que la protección de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos «no es una prioridad» para Bukele, a pesar de que los migrantes y sus familias viven en «angustia [e] incertidumbre.»  En una declaración reciente, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una coalición de trabajadores, estudiantes y comunidades rurales, dijo: «Mientras el gobierno de Donald Trump viola los derechos de nuestros compatriotas salvadoreños y otras poblaciones migrantes, Bukele se inclina ante él [...] Lo que el pueblo quiere es que se respeten los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos y que nuestro país libere a las miles de víctimas del régimen de excepción y ponga fin a la persecución política.» Cabe destacar que, tras la visita de Rubio, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos reanudaría diversos esfuerzos de cooperación en materia de seguridad con El Salvador a pesar de la congelación universal de la ayuda exterior.

Con respecto a los anuncios realizados tras la visita del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a El Salvador el 3 de febrero, los cuales afirman que El Salvador «aceptará y encarcelará... a los inmigrantes ilegales criminales de cualquier país» deportados de Estados Unidos:

En primer lugar, afirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos universales y la dignidad para todas las personas, y nos hacemos eco de las comunidades y organizaciones de El Salvador y de la diáspora que se oponen a la conformidad de Bukele con la incrementante criminalización y vulneración de los migrantes salvadoreños y de otras nacionalidades en EE.UU.

En segundo lugar, denunciamos cualquier acuerdo que Estados Unidos esté negociando en la región que viole el derecho de asilo protegido internacionalmente y nos oponemos a la noción de que El Salvador sea un destino «seguro» para los solicitantes de asilo o los migrantes en cualquier condición. Las principales organizaciones e instituciones de derechos humanos del mundo han denunciado los abusos generalizados del gobierno de Bukele, como consecuencia, entre otras cosas, de la suspensión del debido proceso y la militarización de las comunidades. El propio informe sobre derechos humanos de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos narra «importantes problemas de derechos humanos, entre los que se incluyen informes creíbles de: tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida; arrestos o detenciones arbitrarios.»

Grupos feministas y de derechos humanos siguen denunciando un elevado número de desapariciones, feminicidios y violencia contra las mujeres y la población LGBTQ. Bajo el régimen de excepción de Bukele, los extranjeros, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, Colombia y otros países, también han sido objeto de detenciones arbitrarias y permanecen en prisión preventiva durante años sin el debido proceso.

Mientras tanto, los ciudadanos salvadoreños siguen abandonando su país debido al desempleo, el miedo a la detención arbitraria y la persecución política. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) han documentado un preocupante aumento de los casos de desplazamiento forzado relacionados con la violencia estatal. En 2020 y 2022, el 12,8% de los casos de desplazamiento forzado interno atendidos por SSPAS citaron a la Policía Nacional Civil como la razón de su desplazamiento. En su informe de 2024 «El silencio no es una opción», Cristosal informó que un asombroso 42,7% de los casos de desplazamiento forzado interno atendidos citaron a la Policía Nacional Civil como la causa, en comparación con sólo el 36,4% que citaron a las pandillas.

Según el Buscador de Datos sobre Refugiados del ACNUR, el número de salvadoreños desplazados asistidos por el ACNUR en 2023 ascendió a 405.464, frente a los 332.383 de 2022 y los 250.619 de 2018. Este aumento del número de solicitantes de asilo y refugiados salvadoreños arroja serias dudas sobre la capacidad o la voluntad del gobierno salvadoreño de proteger a los extranjeros que puedan ser enviados al país.

En tercer lugar, rechazamos la extrema crueldad, deshumanización e injusticia que ejemplifican las cárceles de El Salvador, condiciones a las que no deberían estar sometidos ni los ciudadanos de El Salvador ni de ningún otro país. Rechazamos cualquier sugerencia de que el modelo de El Salvador sea un modelo a emular, como han afirmado líderes de derecha afines a Trump. Desde marzo de 2022, cuando el régimen de Bukele suspendió los derechos constitucionales bajo el régimen de excepción, la población carcelaria se ha disparado; El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En virtud de esta medida de excepción, que sigue vigente en violación a la Constitución de El Salvador, la gran mayoría de las más de 85.000 personas detenidas sin orden judicial han languidecido en condiciones carcelarias inhumanas durante años sin juicio, y mucho menos condena, y sin acceso a abogados ni comunicación con sus familiares. Las organizaciones salvadoreñas de derechos humanos han documentado entre 261 y 366 muertes en prisión durante este periodo, muchas de ellas con signos de tortura, abusos físicos, falta de atención médica y/o desnutrición.

Los acuerdos propuestos por Trump y Bukele se basan en una lógica racista y pretenden fomentar la deshumanización, el desprestigio y la criminalización de las personas migrantes. Desde su primera campaña presidencial, Trump ha utilizado a las pandillas para justificar sus políticas antiinmigrantes. Su último chivo expiatorio es el Tren de Aragua de Venezuela, al igual que la pandilla MS-13 lo ha sido en el imaginario público durante décadas. El régimen autoritario y antidemocrático de Bukele sigue la tradición de los líderes de la derecha salvadoreña de ser cómplices de la constante asociación de los salvadoreños con la delincuencia y la violencia.

Las implicaciones van mucho más allá del peligro real que supone para los inmigrantes. El uso frecuente por parte de Bukele de imágenes de pandilleros tatuados en las redes sociales, por ejemplo, no sólo pretende justificar la violencia estatal contra ellos, sino contra toda la población, como parte de un proyecto más amplio de control social y criminalización de la pobreza. El anuncio de Bukele de que El Salvador encarcelaría a ciudadanos estadounidenses ilustra cómo la retórica antiinmigrante sirve para extender la violencia estatal a las personas que no son migrantes, especialmente a las personas que pertenecen a minorías étnicas y a otros grupos marginados, y cómo se utiliza a las personas migrantes como herramienta política para fomentar la militarización de las comunidades en todas las Américas. Esta alarmante escalada confirma que la defensa de los derechos de las personas inmigrantes es una lucha por los derechos de todas las personas.

Por último, rechazamos la creciente alianza Trump-Bukele, que solo promete escalar e institucionalizar estados carcelarios punitivos en ambos países, y nos oponemos al apoyo financiero y político de largo plazo de Estados Unidos a la militarización, la policía represiva y la infraestructura carcelaria en El Salvador y en toda la región.

Alianza por la Justicia Global
American Friends Service Committee
Centro de Relaciones Internacionales Mira: Feminismos y Democracias, CDMX
Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador
Friendship Office of the Americas
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos
Nación Salvadoreña en el Exterior
La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala
Iglesia Presbiteriana (EE.UU), Oficina de Testigo Público
Hermanas de la Misericordia, Equipo de Justicia
Ciudades Hermanas EE.UU.-El Salvador

Washington, DC | 12 de febrero de 2025

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