El viernes, 7 de abril, el gobierno de El Salvador cayó en impago por sus obligaciones  de deudas a los fondos de pensiones privados del país después de que el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) bloqueó la aprobación de financiamiento para cubrir estos pagos. Dentro de pocos días, las tres agencias grandes de crédito – Grupo Fitch, Standard y Poor´s y Moody´s – habían bajado la solvencia crediticia de El Salvador, la cual hace más difícil que el país acede a préstamos internacionales, sube la tasa de interés en los prestamos que aceden, y puede disuadir a la inversión privada en el país. Aunque el gobierno eventualmente encontró los fondos necesarios para temporalmente resolver el problema, cuestiones estructurales se mantienen.

La situación precaria financiera de El Salvador es de larga duración; de hecho, exactamente once años anteriores al impago de viernes, el 7 de abril de 2006, el entonces Ministro de Hacienda Guillermo Lopez Suarez ofreció su renuncia al entonces presidente del partido ARENA Tony Saca porque pensó que el gobierno no estuvo dispuesto a tratar con las “difíciles problemas financieras” según un cable de la embajada de los EEUU sobre una reunión con Lopez Suarez que fue publicada por Wikileaks. El cable informa que Lopez Suarez divulgó que el gobierno casi no pudo cubrir los salarios de los empleados públicos en abril de 2006.

Todas las razones que Lopez Suarez dio por la difícil situación financiera hace once años se mantienen hoy: evasión de impuestos por individuos y las empresas más ricas del país; la insostenible parcialmente privatizada sistema de pensiones; y el sistema del país de subsidiar a servicios básicos como electricidad, agua y gas propano de cocina.

Desde que el partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) arrebató la presidencia de la nación del partido de extrema derecha ARENA en 2009, cada intento de resolver estos problemas estructurales ha encontrado con oposición del partido ARENA, centros de estudios y asociaciones que representan la elite económica salvadoreña, la Corte Suprema y la oligarquía empresarial. Esfuerzos del FMLN de incentivar el pago de impuestos atrasados e implementar una nueva estructura de impuestos más equitativa (El Salvador es uno de dos país en América que no tiene impuestos sobre la renta) han sido rechazados por la derecha alineada con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Probablemente el factor más grande arrastrando las finanzas del país es el sistema de pensiones la cual, fue parcialmente privatizada en 1998 y requiere que el gobierno pague beneficios a viejos cotizantes mientras los trabajadores jóvenes contribuyen a las instituciones privadas financieras llamadas AFPs. Año por año la deuda gubernamental causada por el sistema de pensiones ha crecido exponencialmente; un asunto que ha sido continuamente explotado por la derecha. La crisis que enfrenta el sistema de pensiones es el resultado típico de políticas económicas neoliberales; instituciones públicas están privadas de fondos, y después se hace llamadas a privatizarles más para rescatarles.

Enfrentados con un posible impago, bajadas de solvencia de crédito y un sistema de pensiones insolvente, la derecha se ha unido bajo un plan propuesto por la asociación empresarial de derecha ANEP que busca privatizar más el sistema de pensiones. Sindicatos y movimientos sociales han rechazado el plan como un regalo total a la industria privada. Liduvina Escobar, Secretaria General de la federación sindical CONFUERSA dijo “Esta propuesta solo vela por los intereses de las AFP como lo ha sido desde que estas son administradoras de fondos de pensiones…queremos que las pensiones sean rescatadas de manos privadas.” El gobierno ha presentado una propuesta que limitaría a las AFPs, pero dejaría un sistema de pensiones mixtas, publica-privada.

Sindicatos y organizaciones del movimiento social han movilizado continuamente en rechazo a las AFPs privadas, y mientras que apoyan la propuesta de gobierno, han puesto su propia propuesta que va más a fondo en retomar control público sobre el sistema de pensiones del país. Han demandado una solución que trate los problemas estructurales que han llevado a la crisis financiera del país, pero también que provee verdadera seguridad para trabajadores y jubilados salvadoreños. Santos García, Secretario General de la federación sindical CSTS, dijo que “Es urgente y es necesario crear soluciones para salir de este problema, creado por la derecha de este país. Sabemos que hace unos días un partido de derecha acompañó la entrega de una propuesta para reforma de pensiones, pero ellos siguen siendo más de lo mismo. Siguen viendo las pensiones como un negocio. Las pensiones no pueden verse como un negocio. Deben verse como una responsabilidad para brindar seguridad social a los salvadoreños. Con el sistema actual, lo único que conseguimos es enriquecer aún más a los millonarios dueños de las AFP.”

La lucha por un sistema de pensiones justa sigue, así como los problemas fiscales del país. Mientras en la Asamblea Legislativa siguen debatiendo las varias propuestas de reforma de pensiones, el gobierno está enfrentando pagos de pensiones en octubre, levantando la posibilidad de futuros impagos.