El Fiscal General de El Salvador Douglas Meléndez ha iniciado una investigación sobre la evasión de impuestos por una empresa de telecomunicaciones vinculada al Magistrado de la Corte Suprema Belarmino Jaime. El caso ha llamado atención a los posibles conflictos de interés en decisiones de la Corte Suprema acerca del sector de telecomunicaciones en los cuales el Magistrado Jaime ha participado. Esto ha llevado a varias organizaciones del movimiento social a imponer una denuncia en contra del Magistrado Jaime en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

El Fiscal General Meléndez anunció que inicio una investigación el 12 de septiembre, 10 días después que Lorena Peña, la presidenta de la Asamblea Legislativa y miembro del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), llamó atención pública al caso de supuesta evasión de impuestos y cuestionó porque Meléndez no estaba persiguiendo el caso con el mismo interés que había mostrado cuando investigaba a funcionarios públicos de izquierda.

El caso en el cual se implica el Magistrado Jaime se trata de la empresa Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones (GCA Telecom), la cual supuestamente no reportó y no pagó impuestos en llamadas provenientes del exterior los cual suman $2.79 millones en impuestos. El Magistrado Jaime antes trabajaba como gerente principal en GCA Telecom antes de trasladar el título a su hijo cuando fue elegido a la Camera Constitucional de la Corte Suprema. Miembros de su familia son dueños del 89% de la empresa, la cual ha hecho contribuciones a campañas políticas del partido derechista Alianza Nacional Republicana (ARENA). En un evidente intento a cubrir la falta de pago de impuestos, GCA Telecom usó una empresa fachada, Avance Telecomunicaciones (AVANTEL), para llevar su obligación tributaria. Al investigar se descubrió que AVANTEL mantenía una dirección ficticia, y se no pudo localizar los gerentes de esa empresa.

El impuesto a llamadas provenientes del exterior fue posteriormente declarado inconstitucional por la Cámara de lo Constitucional de la Corte Suprema; sin embargo el fallo no fue retroactivo y las empresas todavía eran responsables del pago del impuesto durante los seis años en lo cual estaba vigente. El fallo de declarar el impuesto como inconstitucional es parte de un patrón, documentado en The Nation, en lo cual la Camera de lo Constitucional de la Corte Suprema ha protegido los intereses de la derecha salvadoreña y de la elite económica, usando argumentos legales dudosos para obstruir reformas tributarias y cortar fuentes de financiamiento para el gobierno del FMLN y sus programas sociales.

Después de la decisión del Fiscal General de abrir una investigación, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) hizo una denuncia en contra del Magistrado Jaime al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por conflictos de interés en algunos casos que ha emitido la Camera Constitucional. Jaime emitió a favor de empresas telecomunicaciones, incluyendo la de su familia, en casos en contra de varios municipios. La denuncia de ASGOJU también expresó preocupaciones que, mientras el magistrado no emitió en el fallo que anuló el impuesto que la empresa de su familia supuestamente evadió, es posible que haya participado en la discusión sobre el caso.

Onidia Gómez de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y El Desarrollo Social (FUNDASPAD), la cual pertenece a ASGOJU, expresó esperanza “que [la TEG] se dé una sentencia ejemplar para que cambien la forma que [funcionarios] tienen de ejercer y cumplir la función pública.” La ASGOJU exige que la TEG investigue los conflictos de interés y aplique sanciones adecuadas.